viernes, 9 de octubre de 2009

Manifiesto por la libertad de expresión


MANIFIESTO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Constitución española. Artículo 20
Se reconocen y protegen los derechos:A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.A la libertad de cátedra.A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el redifundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Constitución Europea. Artículo 11-71

Libertad de expresión y de información
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber ingerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.


El lector tiene en la anterior página el Art. 20 de la Constitución Española, ley de leyes que define el marco jurídico, político y social de todos los ciudadanos sin excepción. También se puede leer el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento fundacional de las Naciones Unidas y pieza fundamental del actual Derecho internacional, firmado por España y reflejado en nuestra propia Constitución. Finalmente el Art. 11-71 de la Constitución Europea, aprobada por los españoles en referéndum, base del futuro marco legal de la Europa Unida. En los tres casos, se trata de artículos que consagran un derecho fundamental: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN.
Dicho esto, podemos afirmar sin posibilidad de equivocación, pues así lo demuestra la realidad objetiva que muchos españoles viven día a día, que los citados artículos (y por extensión, los textos en los que están insertos) son papel mojado en España, ante la arbitrariedad de los poderes del Régimen de la Restauración Monárquica surgido a la muerte del General Franco.
Los ciudadanos españoles llevan años y años soportando una represión ascendente y cada vez más asfixiante por emitir, publicar, exponer o informar opiniones e ideas que no encajan en el pensamiento único establecido por los poderes, convertido este en un discurso totalitario que busca la destrucción implacable de todo aquello (y aquellos) que se salen del estrecho marco de dicho discurso.
Libreros, editores, periodistas, partidos, asociaciones, colectivos, publicaciones, etc., sufren la persecución de la nueva policía política encargada de buscar a los “desafectos” al Régimen, con el afán y el entusiasmo que en la historia reciente han demostrado los chequistas del stalinismo, los escuadrones de la muerte de los países bananeros y los difamadores del macarthysmo norteamericano.
Ayer fue un profesor francés despojado de su cátedra, hoy es un historiador encarcelado en Austria, antes un editor de libros de temática histórica y mañana cualquiera puede ser la siguiente víctima del soft-totalitarismo de lo políticamente correcto.
Los caminos que la represión utiliza, como terror instalado que es, para conseguir la aniquilación social –y en ocasiones, física- de los “desafectos” son sobradamente conocidos por los que la sufren, pero ignorados por la mayoría de la población.
Los ciudadanos españoles ignoran la existencia de una represión directa de carácter policíaco y judicial. Por el primero, cualquiera que se salga de la “línea” puede ver su casa invadida cualquier madrugada por la policía, su intimidad violada, sus pertenencias requisadas y acabar en las sucias mazmorras de una comisaría, donde la tortura –física o psicológica- será la norma. Después vendrá el terror de la toga y la audiencia, que por la aplicación directa de los instrumentos de terror legislativo, llevará a la cárcel a ciudadanos por simples “delitos” de opinión o información, confiscará sus medios de vida, hundirá sus imágenes personales ante sus empresas, familias, vecinos y amigos... y los expondrá en TV como si de peligrosísimos criminales se tratara.
Tan importante, o más, es la represión indirecta, de carácter mediático o económico. Mediante la represión mediática, los “desafectos” son despojados de toda dignidad humana, deshumanizados y presentados como los peores criminales del mundo. Se manipulan los datos, se intoxica con historias inventadas, se miente sobre el pasado y el presente de los desgraciados que son señalados por los nuevos chequistas... es el asesinato social. Posiblemente, el represaliado pierda su trabajo o sea expulsado de su centro de estudios, molestado permanentemente por la policía política, insistentemente recordado en artículos, reportajes, documentales y libros por los chequistas de la pluma y la cámara buscando siempre nueva carnaza para mantener el terror social vivo. Además, el “desafecto” posiblemente se vea asfixiado económicamente por fianzas, minutas de abogados y procuradores, multas, dictámenes y costas judiciales. Con la posible quiebra económica, su familia se verá “dañada colateralmente”, lo que significará una nueva presión psicológica y un sufrimiento añadido. Finalmente, nada indica que el “desafecto” no pase a ser víctima de algún tipo de agresión física o “accidente” que le disuada de seguir siendo un contestatario de ese régimen de “libertades que disfrutamos”. Y englobándolo todo... el silencio, el vacío, el aislamiento social. La verdad nunca será conocida y la sociedad dormirá tranquila, pues la libertad está garantizada por los servidores que la defienden de tan “peligrosos criminales que han escrito o publicado esto o lo otro...”.
Dicen que en España hay un Estado de Derecho. Pero no es verdad. Basta una sola arbitrariedad del poder, una sola injusticia clamorosa, un solo incumplimiento de derechos fundamentales, para que este “Estado de Derecho” y todo su entramado legal no sean sino papel mojado, herramienta para el poder despótico y burla a la ciudadanía. No descubrimos nada si repetimos, una vez más, que el Derecho no es más que los intereses de la clase dominante convertidos en ley.
Sólo hay una salida y el lector de estas líneas la tiene en su mano y en la de todos: defender la libertad frente a los déspotas, denunciar a los chequistas y parapoliciales que asfixian esa libertad, tener el valor de hablar y nunca ponerse de rodillas ante quienes, cuando ya no tienen argumentos, utilizan la Ley como instrumento de violencia... o la violencia como instrumento de la Ley.

Sobre todo, y por encima de todo, NO CALLEMOS JAMÁS.

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